31 mar. 2014

PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN: UNA EXCUSA PARA JUSTIFICAR LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS.

Publicado en el BOCyL de 24 de marzo 2014, el Decreto por el que se aprueba el “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.

Ecologistas en Acción considera el Plan regresivo principalmente porque dará cobertura legal a la incineración de residuos domésticos,  una actividad que hasta ahora no contemplaba la normativa sectorial de ámbito regional (planes de RSU y residuos de envases);  así como a la incineración de distintos flujos de residuos industriales, incluso procedentes de otras comunidades autónomas.

CC Por pericoterrades
A falta de incineradoras en la comunidad,   la quema de residuos podrá llevarse  a cabo en las instalaciones que utilizan residuos como combustibles, que son principalmente las tres cementeras que existen en Castilla y León.

El Plan perjudicará especialmente a la provincia de León, que cuenta con dos de estas fábricas: una en La Robla , a escasos kilómetros de la ciudad de León;  y otra en Toral de los Vados en El Bierzo,  donde la población se ha manifestado en repetidas ocasiones, de forma multitudinaria, contra una actividad lesiva para el turismo y la producción agroalimentaria de calidad, que distingue a esta comarca.

Las incineradoras y las cementeras que utilizan residuos como combustibles alternativos, son una de las primeras fuentes de dioxinas y furanos en Europa, ostentando, además, la responsabilidad de buena parte de las emisiones de metales pesados y otros contaminantes orgánicos persistentes como el hexaclorobenceno. Entre los efectos para la salud de estos contaminantes se han documentado distintos tipos de cáncer, abortos, alteraciones neuronales y hormonales, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etc.

Nos encontramos ante una planificación que da cobertura a una actividad peligrosa para la salud humana y el medio ambiente en beneficio de la industria   cementera (decidida a convertirse en gestora de todo tipo de desechos ante la caída de las ventas de cemento)  y de las grandes constructoras, empresas  multiservicios, como FCC y Urbaser, concesionarias del CTR de San Román de la Vega en León,  que gestionan esta planta de tratamiento de residuos no con criterios medio ambientales,  sino buscando la máxima rentabilidad, que con la aprobación de este plan podría estar en la fabricación de CDR (combustible derivado de residuos) para las cementeras.

Se impone la incineración sin participación ciudadana, sin que se haya dado respuesta a las miles de alegaciones presentadas, y  sin debate  que haya permitido a la población de Castilla y León pronunciarse sobre las  alternativas ecológicas que existen para tratar los residuos respetando la  jerarquía legalmente establecida que obliga a reducir,  reutilizar y reciclar antes de incinerar,  impidiendo la destrucción de los recursos contenidos en los RSU;  alternativas que, además, generan muchos mas empleos que la incineración.

En cuanto a otros flujos de residuos, como los residuos industriales (peligrosos y no peligrosos), los neumáticos y vehículos fuera de uso, etc. el Plan consolida el papel de Castilla y León como sumidero de todo tipo de desechos, lo cual resulta incompatible con la producción agroalimentaria de calidad  que por otra parte la Junta pretende fomentar con marchamos como “Tierra de Sabor”.

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