31 mar. 2014

PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN: UNA EXCUSA PARA JUSTIFICAR LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS.

Publicado en el BOCyL de 24 de marzo 2014, el Decreto por el que se aprueba el “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.

Ecologistas en Acción considera el Plan regresivo principalmente porque dará cobertura legal a la incineración de residuos domésticos,  una actividad que hasta ahora no contemplaba la normativa sectorial de ámbito regional (planes de RSU y residuos de envases);  así como a la incineración de distintos flujos de residuos industriales, incluso procedentes de otras comunidades autónomas.

CC Por pericoterrades
A falta de incineradoras en la comunidad,   la quema de residuos podrá llevarse  a cabo en las instalaciones que utilizan residuos como combustibles, que son principalmente las tres cementeras que existen en Castilla y León.

El Plan perjudicará especialmente a la provincia de León, que cuenta con dos de estas fábricas: una en La Robla , a escasos kilómetros de la ciudad de León;  y otra en Toral de los Vados en El Bierzo,  donde la población se ha manifestado en repetidas ocasiones, de forma multitudinaria, contra una actividad lesiva para el turismo y la producción agroalimentaria de calidad, que distingue a esta comarca.

Las incineradoras y las cementeras que utilizan residuos como combustibles alternativos, son una de las primeras fuentes de dioxinas y furanos en Europa, ostentando, además, la responsabilidad de buena parte de las emisiones de metales pesados y otros contaminantes orgánicos persistentes como el hexaclorobenceno. Entre los efectos para la salud de estos contaminantes se han documentado distintos tipos de cáncer, abortos, alteraciones neuronales y hormonales, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etc.

Nos encontramos ante una planificación que da cobertura a una actividad peligrosa para la salud humana y el medio ambiente en beneficio de la industria   cementera (decidida a convertirse en gestora de todo tipo de desechos ante la caída de las ventas de cemento)  y de las grandes constructoras, empresas  multiservicios, como FCC y Urbaser, concesionarias del CTR de San Román de la Vega en León,  que gestionan esta planta de tratamiento de residuos no con criterios medio ambientales,  sino buscando la máxima rentabilidad, que con la aprobación de este plan podría estar en la fabricación de CDR (combustible derivado de residuos) para las cementeras.

Se impone la incineración sin participación ciudadana, sin que se haya dado respuesta a las miles de alegaciones presentadas, y  sin debate  que haya permitido a la población de Castilla y León pronunciarse sobre las  alternativas ecológicas que existen para tratar los residuos respetando la  jerarquía legalmente establecida que obliga a reducir,  reutilizar y reciclar antes de incinerar,  impidiendo la destrucción de los recursos contenidos en los RSU;  alternativas que, además, generan muchos mas empleos que la incineración.

En cuanto a otros flujos de residuos, como los residuos industriales (peligrosos y no peligrosos), los neumáticos y vehículos fuera de uso, etc. el Plan consolida el papel de Castilla y León como sumidero de todo tipo de desechos, lo cual resulta incompatible con la producción agroalimentaria de calidad  que por otra parte la Junta pretende fomentar con marchamos como “Tierra de Sabor”.

11 feb. 2014

La sentencia del incendio de Ancares recurrida por todas las acusaciones.

La Fiscalía, la Junta de Castilla y León y la Fundación Oso Pardo, personadas en el juicio contra el celador de Ancares, se suman al recurso presentado por Ecologistas en Acción.

Las tres acusaciones, que en primera instancia decidieron no recurrir la sentencia absolutoria, ahora, a la vista de que la Audiencia Provincial ha considerado que sí existe base jurídica en los argumentos expuestos en el recurso elaborado por Simón López Quero, letrado de la acusación de Ecologistas en Acción, han decidido presentar recurso de apelación supeditado al del colectivo ecologista.

Desde Ecologistas en Acción se valora muy positivamente esta decisión ya que demuestra la insatisfacción general de todas las partes personadas como acusación, con la sentencia emitida por el Tribunal del Jurado el pasado 25 de octubre en relación con el caso del incendio de Ancares, que arrasó más de 300 ha en el otoño de 2011.

Cada una de las partes ha hecho suyos los cuatro argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por Ecologistas en Acción. Dichos argumentos se sustentan en el artículo 846 bis c, apartado a) en relación al artículo 851.1 y 851.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo" y "Cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y defensa".

Ahora los autos serán remitidos a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, donde se celebrará una vista ante tres magistrados. Estos jueces deberán decidir, en base a las argumentaciones de la defensa y de las cuatro acusaciones personadas, si se debe de volver a celebrar el juicio o si, por el contrario, debe declararse firme la sentencia de absolución.

Los grupos ecologistas quieren agradecer, una vez más, a todas las personas que han hecho posible, con su apoyo económico y con su colaboración, la presentación de este recurso.

Ecologistas en Acción de León, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica , URZ, Tyto Alba y A Morteira.

14 ene. 2014

ONG conservacionistas y la Real Federación Española de Caza alertan de la catástrofe ambiental que supondría esparcir 86 toneladas de rodenticidas en Castilla y León

    Ante la previsión de una plaga de topillo campesino la Junta de Castilla y León ha adjudicado a dos empresas el suministro del rodenticida bromadiolona con un gasto de unos 190.000€

     SEO/BirdLife, WWF/España, SECEM, ACENVA, ASCEL, ANPA, GREFA y la Real  Federación Española de Caza consideran que el uso de veneno incrementará el daño ambiental que ya esta produciendo la quema de linderos y cunetas para prevenir una plaga que aún no ha sido declarada


Madrid, 18/12/2013 – El pasado 13 de noviembre la Consejería de Agricultura y Ganadería publicaba un anuncio por el que se convocaba una licitación pública, mediante procedimiento de Libre Acceso, de un contrato que tiene por objeto el  "Suministro de Productos Rodenticidas para el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL)". El 2 de diciembre se publicó el anuncio de las dos empresas que se encargarán de dicho suministro, Ibysan Productos Sanitarios Auxiliares, S.L y Química de Munguía, S.A que suministrarán 48 toneladas de cereal envenenado con rodenticidas y que se unen a los adquiridos en años anteriores. Estos venenos rodenticidas adquiridos contienen la sustancia activa bromadiolona, un raticida anticoagulante de segunda generación no selectivo que se pretende repartir en forma de semillas de cereal impregnadas, quedando accesibles para cualquier animal, mamífero o ave. Esta distribución indiscriminada por las tierras de Castilla y León, y sin las medidas de precaución necesarias ha supuesto en años anteriores una gran mortalidad de especies que no eran objeto del control.

Sorprende además que la Junta de Castilla y León emprenda ahora un gasto de 190.000€ para adquirir este veneno cuando en el año 2012 ya se habían adquirido por el ITACYL 38 toneladas de cebos con bromadiolona y que no fueron utilizadas al no declararse finalmente la plaga de topillo campesino. Estaríamos por tanto ante la posibilidad de que desde la Junta de Castilla y León se esté preparando un envenenamiento masivo del medio natural con la utilización de más de 86 toneladas de raticidas.

El uso de rodenticidas tiene efectos muy perjudiciales sobre las aves rapaces, mamíferos carnívoros y cualquier animal que pueda entrar en contacto con el cebo, incluyendo especies cinegéticas como liebres y palomas, perdices o conejos.

Además, la aplicación de rodenticidas supone riesgos para la salud, como la expansión de la tularemia o la intoxicación del ganado ovino que consuma el cereal tratado con rodenticidas. Ya durante la plaga de 2007 se tuvo que prohibir el consumo de pichones en Palencia, al detectarse centenares de palomas intoxicadas con clorofacinona.

Otro riesgo posible que ponen de manifiesto conservacionistas y cazadores es el de generar poblaciones de roedores resistentes a los tratamientos químicos, suponiendo a largo plazo que cualquier medida de control químico resultase ineficaz.

La ineficacia de estas medidas de control se constató en las anteriores campañas de envenenamiento que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en las que invirtió hasta 16 millones de euros. Aún así, tuvo que pagar otros 9 millones en compensaciones por daños, y no ha evaluado la eficacia real de las medidas hasta ahora. Por tanto, podría repetirse la misma situación de derroche y despilfarro.

Quemas de linderos y cunetas
Las quemas que se están produciendo en algunas zonas de Castilla y León, promovidas y autorizadas por la propia administración, son medidas completamente ineficaces para combatir la proliferación de topillos. Además, tienen efectos adversos para la biodiversidad, al destruir el hábitat de reproducción, alimento y refugio de especies silvestres que pueden contribuir al control natural de plagas. Asimismo, aumentan el riesgo de erosión y de incendio y fomentan la eliminación de microorganismos beneficiosos para el suelo.

La destrucción o deterioro de las áreas de reproducción está prohibido por la Directiva de Aves, el Convenio de Berna y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y sólo puede llevarse a cabo bajo un régimen de excepciones que no se está cumpliendo en estos casos. Por ello, las quemas autorizadas podrían acarrear graves sanciones.

La grave situación que se está planteando para la conservación del medio natural en Castilla y León será expuesta por las organizaciones conservacionistas al Ministro Miguel Arias Cañete en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que se reúne hoy miércoles.

Asociaciones Firmantes.

SEO/BirdLife

WWF/España

Real Federación Española de Caza (RFEC)

Asociación para la Conservación y Estudio del lobo ibérico (ASCEL)

Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA)

Asociación de Naturalistas Palentinos (ANPA)

Grupo De Rehabilitación de la fauna autóctona y su Habitat (GREFA)

Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM)


Urz. Asociación para el estudio y protección de la naturaleza

17 dic. 2013

Los grupos ecologistas sí recurrirán la sentencia del Tribunal del Jurado que ha absuelto del delito de incendio al celador de Ancares.

A pesar de la renuncia de las otras partes de la acusación a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los grupos ecologistas sí lo presentarán. Los servicios jurídicos que representan la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, creen que existen argumentos jurídicos para fundamentar dicho recurso.

Es indudable que si el voto del quinto miembro del Tribunal del Jurado hubiera sido condenatorio para el celador, y el veredicto hubiera sido de culpabilidad, por cinco votos a cuatro, la defensa del acusado hubiera recurrido la sentencia.
Los grupos ecologistas están recibiendo en forma de correos electrónicos de aliento y de donaciones económicas, el apoyo de muchos ciudadanos que creen que en este caso la sentencia no ha hecho justicia y que se debe recurrir, en los términos que establece la ley, ante una instancia superior.

Confían en que la campaña de recaudación siga dando los mismos resultados que hasta ahora para poder reunir los fondos necesarios para la interposición del recurso, y confían también en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo admita a trámite. 

Ecologista en Acción de León, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, URZ, Tyto Alba y A Morteira.

4 dic. 2013

No a los incendiarios. ¡Comienza la campaña!

Arranca la campaña de recaudación de fondos para el recurso ante el tribunal superior de justicia de Castilla y León en el caso del celador incendiario.

Os dejo el vídeo que acompaña a la campaña:

video
 
En este enlace podéis colaborar, y si queréis, rellenar el formulario para recibir notificaciones por correo del proceso del recurso.

http://noalosincendiarios.wix.com/dona

27 nov. 2013

No a los incendios, No a los incendiarios

Recurrirán la Sentencia del Tribunal del Jurado que ha absuelto del delito de incendio al celador de Ancares. Los ecologistas buscarán apoyo económico mediante una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) que lanzarán bajo el lema “No a los incendios, no a los incendiarios”. 

El jurado popular ha hablado y la desolación ha encogido el corazón de muchísimos leoneses y leonesas que, con ese mismo corazón, aman y respetan la Naturaleza. También está encogido el de muchos habitantes de los Ancares que vieron como su paisaje vegetal se convertía, una vez más, en humo y cenizas. Encogido está también el de todas aquellas personas que formamos parte de los grupos ecologistas, que hemos seguido este caso con especial interés y que hemos formado parte de la acusación, aglutinados bajo las siglas de Ecologistas en Acción.

En democracia, el sistema judicial sentencia y no queda sino acatar el veredicto, a pesar de que no se comparta en absoluto su dictamen.

CC by Diego Escares

Los incendios forestales intencionados son una lacra que golpea año tras año los montes del noroeste peninsular en general y nuestra provincia en particular. Ancares, en este caso, es una de las comarcas leonesas más azotadas por este mal.
Pocas veces han estado tan claros los hechos: testigos oculares de la comisión del delito; coartadas falsas del acusado; testigos de la defensa que mienten abiertamente; acusado, celador de la Junta de Castilla y León, que se aleja del lugar del incendio mientras sus compañeros acuden a sofocarlo en el desempeño de su responsabilidad; inequívocos informes periciales del SEPRONA y de agentes forestales; y así un largo etcétera.
A pesar de todo ello, el jurado ha fallado, por un voto de diferencia, a favor del acusado. De esta circunstancia únicamente podemos inferir, que cuando el principal afectado de un acto delictivo es el medio ambiente, es decir, el patrimonio natural, es casi necesario que el propio acusado reconozca los hechos para que se produzca una condena. En este sentido el legislador debería promover importantes cambios en la legislación penal medioambiental.

No debemos olvidar que, en este caso, el hecho delictivo tuvo como consecuencia dos terribles incendios, que dejaron 305 ha calcinadas, en un territorio que atesora algunas de las máximas figuras de protección, tanto nacionales como internacionales: Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO, LIC y ZEPA de la Red Natura 2000, Parque Natural de Castilla y León y Reserva Regional de Caza.

Pero nuestro sistema judicial también permite que cuando un ciudadano no esté de acuerdo con la deliberación de un tribunal, éste pueda acudir a una instancia superior que revise de nuevo la sentencia. Los grupos ecologistas de la provincia vamos a esperar a leer los argumentos que el juez expondrá en la sentencia y a partir de ellos interpondremos un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León.

Deseamos y confiamos en que las demás partes implicadas en la acusación, Fundación Oso Pardo, Junta de Castilla y León, y Ministerio Fiscal recurran también el fallo ante esa instancia judicial. Y lo esperamos especialmente de las dos últimas, ya que son las encargadas de garantizar la preservación del Patrimonio Natural común y que nos representan a todos los ciudadanos por igual.

Para abordar esta nueva etapa judicial y dado que los fondos económicos de los grupos ecologistas son muy escasos, vamos a solicitar la colaboración económica de todas aquellas personas que también se hayan sentido desoladas con la sentencia de este caso. Para ello lanzaremos en breve, a través de los medios de comunicación, de páginas web y de las redes sociales, una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) denominada: NO A LOS INCENDIOS, NO A LOS INCENDIARIOS.


http://noalosincendiarios.wix.com/dona


Ecologista en Acción de León, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, URZ, Tyto Alba y A Morteira.

24 oct. 2013

Libertad para los 30 defensores del Ártico

En el día de hoy se pone en marcha una acción global que busca lograr la liberación de los 30 detenidos por su defensa pacífica del Ártico. Desde la asociación Urz nos sumamos a la iniciativa que pretende dar visibilidad a esta situación a través de la blogosfera.

28 activistas de Greenpeace, un fotógrafo y un cámara fueron asaltados el pasado 19 de Septiembre por las autoridades rusas cuando protestaban pacíficamente a bordo del Arctic Sunrise.


Los activistas, que pedían el fin de las operaciones petroleras en el Ártico, se enfrentan ahora a penas de hasta 15 años de cárcel.

A las peticiones de liberación que se han producido en todo el mundo se han sumado también 11 premios Nobeles. En su carta dirigida al presidente ruso Vladimir Putin le recuerdan que "Realizar perforaciones petrolíferas es una actividad peligrosa y arriesgada. Un vertido de petróleo en estas aguas heladas tendría unos efectos catastróficos en uno de los paisajes más limpios, únicos y maravillosos del planeta".



Y la petición de liberación que se puede firmar en la propia página de Greenpeace.
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